martes, 29 de noviembre de 2011

LEY DE CUSTODIA COMPARTIDA: APLICACION INMEDIATA

El Tribunal Constitucional ha decidido levantar la suspensión de aplicación de la citada norma que se produjo al recurrirse por el Gobierno la ley de custodia compartida de la Comunidad Valenciana. Asi pues, será aplicable dicha ley en tanto se tramita el recurso de inconstitucionalidad. Una vez recaiga sentencia, su aplicación quedará condicionada a que se decida por el Tribunal Constitucional que la ley respeta o no los principios constitucionales.


La ley establece el principio general de custodia compartida en los supuestos en que el pacto no sea posible, lo cual ha sido ampliamente criticado por el colectivo de abogados, dado que para el buen funcionamiento del régimen de custodia compartida, las relaciones entre los progenitores deben ser , al menos buenas, y , si no es posible que se entiendan para fijar los periodos de visita y estancias entre ambos progenitores , difícil será que negocien todos los demás aspectos vitales que implica el cuidado y la educación de los hijos. 

La ley establece que el pacto de convivencia familiar debe ser judicialmente aprobado y establece tambien el régimen de relaciones familiares de los progenitores con los hijos y de éstos con hermanos, abuelos y parientes.


Los demás acuerdos son los que ya se establecen en el actual "convenio regulador".

jueves, 24 de noviembre de 2011

DIVORCIO EXPRESS

     Desde 2.005 el cambio legislativo producido pretende que la ruptura del vínculo matrimonial se produzca en menor tiempo y con menor coste. 

Ahora ya no hay que alegar ni justificar que el cónyuge ha incumplido el contrato matrimonial para obtener una sentencia favorable. Tambien se reduce el tiempo de espera para solicitar el divorcio ( puede solicitarse a los tres meses de contraer matrimonio) . 

Los cónyuges deben ponerse de acuerdo en algunos temas ( quién quedará viviendo en el domicilio familiar, con quién se quedan los niños en custodia, qué derecho de visita tiene el cónyuge no custodio con los hijos, si se produce un desequilibrio económico entre los cónyuges a consecuencia de la ruptura y en qué medida y , opcionalmente, si desean liquidar los bienes gananciales si los hay), y si es asi firman un convenio regulador que redacta su abogado ( uno para los dos) y lo ratifican en el Juzgado. Una vez lo supervise y acepte un Fiscal , en el supuesto de que haya hijos, el juez dictará sentencia aprobándolo.
En este supuesto  la documentación a aportar será la que acredite el lugar de empadronamiento de la familia , los certificados de nacimiento y matrimonio y el libro de familia.


El tiempo de tramitación oscila dependiendo del Juzgado competente para tramitar el asunto ( el de residencia de los cónyuges), pero en Valencia -capital puede llegar a ser de tan sólo una o dos semanas. Si nos vamos a otras demarcaciones, por el volumen de trabajo del Juzgado, podrá demorarse dos o tres meses.


El coste medio oscila entre los 400 y 600 euros ( cuando se tramita por internet) , si bien hay que distinguir si se establecen pensiones y se liquidan los bienes. El precio aumenta ligeramente cuando se tramita mediante asistencia personalizada en el despacho profesional, lo cual aconsejo, ya que se presta una mejor atención al cliente, se le orienta después de conocer ampliamente sus circunstancias personales y económicas , y se le atiende tanto durante como después de la sentencia en todas aquellas dudas que se le planteen o conflictos durante el periodo posterior al divorcio.   

Los divorcios de mutuo acuerdo pueden tramitarse con un sólo letrado, sin embargo una de las partes puede recurrir a otro abogado para que le asesore sobre si el acuerdo que se le propone es correcto o, legalmente, puede exigir algo más o diferente.

Cuando no hay acuerdo entre los cónyuges, bien en la decisión de divorciarse como en alguno de los acuerdos a adoptar, tendrán que presentar demanda en el juzgado y cada uno expresará los motivos para su petición al juez, el cual decidirá de acuerdo con la ley y con la premisa de beneficiar a los hijos.En este supuesto, cada uno tendrá que utilizar los servicios de un abogado, con el consiguiente coste económico y la tramitación puede durar entre seis meses y un año, a veces incluso más. En este caso,la documentación a aportar no sólo será la que acredite las circunstancias familiares ( empadronamiento y filiación) , sino tambien las que acrediten las económicas ( declaraciones de renta, nóminas, justificantes de pago, etc.).

miércoles, 23 de noviembre de 2011

La custodia compartida no es una medida excepcional, según el Tribunal Supremo

Asi lo establece  la STS 4824/2011 del Tribunal Supremo,  Sala de lo Civil, en resolución del Recurso 1221/2010 de fecha 7 de julio de 2.011 que resuelve un asunto que se tramitó en la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 6ª.
Esta Sala ha venido ya recogiendo una serie de criterios relativos a la interpretación de lo que significa "el interés del menor", que deben tenerse en cuenta en los litigios sobre guarda y custodia compartida.
La STS 623/2009 , que anuló la anterior de la Audiencia Provincial de Alicante, sección 6ª, decía que del examen del derecho comparado se deducía que se utilizaban "criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada en una convivencia que forzosamente deberá ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven" .


Estos criterios se utilizan también en las SSTS de 10 y 11 marzo 2010 .


Por ello la interpretación del Art. 92, 5, 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran alguno de los criterios antes explicitados y que la redacción de dicho artículo no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, debería considerarse la más normal, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis,siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea.